El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó la pandemia por el COVID-19. La elevación al nivel de pandemia junto con la rápida propagación del virus, condujo al gobierno central al anuncio del estado de alarma, decretándose una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo). Estas medidas han sido completadas con medidas complementarias en el ámbito laboral que buscan contribuir a atenuar el impacto de la pandemia en el mercado laboral y en el colectivo de personas trabajadoras (Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo).

España se ha convertido en uno de los países más afectados superando a fecha de 5 de abril, los 130.759 contagios y registrando más de 12.418 muertes. Para conocer cifras actualizadas del estado de situación de la pandemia en el territorio estatal, pulse aquí.

En Euskadi, si bien con diferencias significativas según Territorios Históricos, registra a 4 de abril (último dato disponible), 8.628 positivos por coronavirus COVID-19 y un total de 515 personas fallecidas. Puede consultar datos actualizados de evolución de la pandemia en el País Vasco pulsando aquí.

Las cifras registradas por la pandemia del COVID-19 describen un escenario de crisis que pone de manifiesto una situación de emergencia sanitaria pero también de emergencia social y económica con importantes repercusiones para los colectivos más vulnerables.

 

¿Quiénes conforman los colectivos más vulnerables?

Los denominados colectivos más vulnerables están formados por los grupos de población con mayor riesgo de enfermedad grave, constituidos principalmente, por personas de edad avanzada con enfermedades crónicas y patologías previas. Según el Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) de EEUU, de acuerdo a la información y a la experiencia clínica disponible actualmente, lo constituyen:

– Personas de 65 años y más edad.

– Personas que viven en hogares de ancianos o centros de atención de largo plazo.

– Otras condiciones de alto riesgo que podrían incluir a:

– Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada o severa.

– Personas con afecciones cardíacas graves.

– Personas inmunocomprometidas, incluido el tratamiento del cáncer.

– Personas de cualquier edad con obesidad severa (índice de masa corporal [IMC]> 40) o ciertas afecciones médicas subyacentes, particularmente si no están bien controladas, como las personas con diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática.

– Las personas que están embarazadas deben ser monitoreadas ya que se sabe que están en riesgo de sufrir una enfermedad viral grave, sin embargo, hasta la fecha, los datos sobre COVID-19 no han mostrado un mayor riesgo.

En relación a uno de estos colectivos, la evidencia de las últimas semanas ha demostrado la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que residen en centros residenciales sociosanitarios. Para el colectivo de población residente en este tipo de recursos, la exposición al virus presenta un elevado riesgo de infección por COVID-19 ya que con frecuencia, se trata de personas de edad avanzada o personas con discapacidad, que padecen patología de base o comorbilidades y que mantienen un contacto estrecho con quienes les asisten así como con otros residentes, tal y como señala la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios.

Por último, el CDCP estadounidense señala también que muchas otras dolencias pueden hacer que una persona esté inmunodeprimida, entre las que se incluyen: el tratamiento del cáncer, el tabaquismo, el trasplante de médula ósea u órganos, deficiencias inmunes, VIH o SIDA mal controlados y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos inmunodebilitantes.

 

¿Qué medidas se han decretado para la protección de los colectivos más vulnerables?

El cese de la actividad lectiva fue la primera de las medidas excepcionales decretadas por las autoridades para tratar de frenar la propagación del virus, puesto que los centros escolares y educativos suponen un importante foco de trasmisión del mismo. Esta medida ha supuesto la reorganización de las tareas de cuidado de las familias, causando importantes desafíos para la conciliación de la vida laboral y personal/familiar.

A esta medida, le siguieron otras dirigidas a personas mayores o en situación de exclusión, como el cierre de centros de mayores, centros cívicos, comedores sociales así como otros centros de actividad lúdica para personas jubiladas; medidas todas ellas, destinadas a proteger del contagio a la población con mayor riesgo de mortalidad por el virus.

 

¿Cómo afectan las medidas de contención del virus a estos colectivos?

En el caso de la población infantil, según UNICEF, las medidas excepcionales para contener el COVID-19 están teniendo una mayor afectación en los hogares más pobres. En palabras de Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España, ‘debemos tener presentes con especial atención a los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, en familias de bajos recursos, niños migrantes no acompañados o acogidos en el sistema de protección’.

Asimismo, el cierre de los recursos destinados a población de mayor edad o en riesgo de exclusión, puede ocasionar situaciones de aislamiento social o desatención de las necesidades básicas, especialmente, en aquellas personas que viven solas y no tienen familia o un vínculo comunitario sólido.

 

¿Qué medidas se están impulsando para la protección de los colectivos más vulnerables?

Esta situación, novedosa y altamente cambiante, requiere más que nunca una coordinación estrecha entre los servicios sanitarios y los servicios sociales y los educativos para garantizar la cobertura y protección de los colectivos que más atención requieren.

En este sentido, tanto desde el Gobierno Vasco como desde el Gobierno central se están impulsando numerosas medidas de protección dirigidas a asegurar la salud y el bienestar del conjunto de la ciudadanía pero especialmente, de la población de riesgo.

Así, el gobierno central ha puesto en marcha un plan de choque que busca proteger a los colectivos sociales más vulnerables frente a la enfermedad, adoptando medidas que pasan por garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de servicios de de higiene y pernocta para asistir a personas sin hogar, entre otros. Puede conocer más información sobre las medidas y los derechos sociales emprendidos por el Gobierno central, pulsando aquí.

A nivel autonómico, el Gobierno Vasco ha ampliado la dotación presupuestaria del sistema de protección social implementando así una serie de medidas sociales para paliar las consecuencias de esta pandemia en los colectivos más vulnerables. Entre estas medidas se encuentra el incremento de la dotación económica destinada a las Ayudas de Emergencia Social para hacer frente a las situaciones de necesidad que surjan en las próximas semanas o la simplificación del acceso a determinadas ayudas sociales, como las ayudas económicas dirigidas a las mujeres víctimas de la violencia de género o las dirigidas a las personas dependientes o que viven solas. Para estas últimas, además de facilitar el acceso a las ayudas de Teleasistencia, se ha reforzado el servicio de acompañamiento telemático aumentando los contactos de verificación y vigilancia de la población diana de estos servicios, formada en gran medida, por población de riesgo.

En esta línea, ayuntamientos como el de Vitoria-Gasteiz, con una elevada incidencia del número de contagios del COVID-19, ha puesto en marcha un Programa de Seguimiento telefónico, que asiste a cerca de 1.000 personas mayores. El objetivo de este programa es mantener un contacto con las personas usuarias de estos servicios, conocer su estado de salud, y prestar apoyo además de identificar posibles situaciones de alarma. El programa se complementa con el envío a los domicilios de las personas usuarias de materiales de lectura, pasatiempos, ejercicios de estimulación cognitiva e información sobre ejercicio físico.

Las medidas municipales también pasan por dispensar a los/as usuarios/as de los comedores sociales y del servicio de comida a domicilio, su asignación diaria a través de la colaboración con entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja.

En lo que respecta a la atención de las personas que viven en la calle, tras el cierre de los dispositivos de albergue y pernocta, se han habilitado nuevos espacios con carácter provisional, para la atención de las necesidades sociosanitarias de este colectivo asegurando el cumplimiento de las medidas de higiene necesarias para evitar la infección por COVID-19.

 

¿Cómo puedo ayudar?

La actual situación de emergencia ante la pandemia del COVID-19 ha despertado una ola de solidaridad sin precedentes. No obstante, la colaboración debe realizarse de manera organizada para evitar la propagación del virus.

Una muestra de esta solidaridad comunitaria es la iniciativa ‘Hilo de plata’, promovida por Nagusilan, asociación sin ánimo de lucro compuesta por una red de personas voluntarias y dedicada al acompañamiento de personas que viven en soledad no deseada. A través del ‘Hilo de plata’ se ofrece un servicio de acompañamiento telefónico gratuito dirigido a personas mayores que se sienten solas. Para acceder al programa, basta con llamar al teléfono 900 713 771 y dejar un mensaje en el contestador indicando un nombre y un teléfono de contacto. También pueden contactar a través del teléfono móvil 688 741 451 o mandar un mensaje de WhatsApp.

En Euskadi, fruto de la coordinación del Departamento de Salud y del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha surgido el programa ‘Guztion Artean’ que busca promover y apoyar iniciativas de solidaridad organizada dirigidas a la población de riesgo a través de una red de cooperación compuesta por personas voluntarias, organizaciones del Tercer Sector e instituciones públicas. La red cuenta también con la colaboración de las instituciones, Sareen Sarea (red de redes del Tercer Sector Social de Euskadi) y las agencias de voluntariado Sartu en Araba; Bolunta en Bizkaia y Gizalde en Gipuzkoa; además de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y el Consejo Vasco de Voluntariado.

Si desea contribuir a mejorar la asistencia de los colectivos más vulnerables puede colaborar con esta iniciativa a través del servicio de teleasistencia y un teléfono centralizado (945 222 222).